JOSEPH RAMOS Y LA SABIDURIA ECONOMICA NEOLIBERAL

Simplemente grotesca. No cabe calificar de otro modo la intervención de Joseph Ramos, reputado académico y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, en el debate sostenido hace dos días atrás en la CNN sobre el financiamiento de la educación superior, en el que también intervinieron el ex ministro Sergio Bitar, autor del nefasto Crédito con Aval del Estado (CAE) con el que la Banca lucra a expensa del presupuesto público y de las familias pobres que aspiran a que sus hijos prosigan estudios superiores, y Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH.

La intervención de Ramos en este debate fue tan pobre y destemplada que con toda justicia ha pasado casi desapercibida, sobre todo considerando que lo que concentró la mayor atención de los televidentes fue por un lado el descaro con que Bitar insistió en defender la subvención estatal al lucro en la educación vía subsidio a la demanda y por el otro la claridad y entereza con que dicho discurso fue desenmascarado y refutado por el vicepresidente de la FECH. En su desesperación Bitar llegó a invocar su remoto pasado como ex ministro del presidente Allende y como prisionero de la dictadura.

A pesar de lo anterior, vale la pena detenerse un instante a considerar el razonamiento esgrimido apasionadamente por el profesor Ramos en nombre de la justicia y la decencia. Con toda razón, Ramos advierte que en definitiva el problema se reduce a determinar quién y cómo ha de pagar por el servicio educativo, habiendo en esto solo dos posibilidades: o lo paga el "directamente beneficiado" como lo denomina Ramos o lo paga la sociedad en su conjunto a través de los impuestos, cosa que a él le parecería "una vergüenza" en el caso de la educación superior.

Partamos por despejar cuál es el significado y valor que le asignamos a la educación. Al igual que lo declarado hace algunos días por Sebastián Piñera, para Ramos la educación -o al menos la educación superior- es simplemente un bien económico o de consumo, cuyo costo debe ser solventado por su demandante directo ya que él sería en definitiva su único beneficiario. Si no puede hacerlo en forma inmediata, entonces debe hacerlo con arreglo a sus ingresos futuros a través del endeudamiento. Por lo tanto -aunque Ramos no llegó a decirlo- en esta lógica también deberían eliminarse las becas.

Pero ¿es efectivo que la formación profesional es un asunto de interés exclusivamente privado? ¿Son solo el médico, el ingeniero, el agrónomo, el arquitecto o el profesor quienes cosechan los frutos de su formación profesional? ¿Cómo podrían mejorar en un país los estándares de salud, la calidad de los procesos y equipamiento productivo, los rendimientos de la agricultura, la calidad de las construcciones o los niveles de educación formal sin una apropiada dotación de tales profesionales? ¿Le puede resultar indiferente a una sociedad el contar con un mayor o menor número y calidad de profesionales?

La respuesta cae por su propio peso. Y si el profesor Ramos parece no tener en consideración este aspecto decisivo del problema es porque quizás se encuentra tan imbuido del credo neoliberal que le parece lo más normal del mundo que un país carezca de un efectivo proyecto nacional de desarrollo. Todo se reduce a la interacción en los mercados de una multiplicidad de agentes económicos individuales que operan como oferentes y demandantes únicamente en función de sus propios intereses. Desaparece así de la mirada la sociedad como conjunto con intereses propios, comunes a todos sus miembros.

Como buen liberal, Ramos seguramente respondería que no es necesario que alguien vele por el interés colectivo de la sociedad, que persiguiendo cada cual solo sus propios intereses individuales el resultado que se alcanza de manera espontánea es, inevitablemente, el mayor beneficio para todos. En consecuencia, estaríamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. La educación sería, entonces, una mercancía como cualquier otra y quien desea apropiarse de ella tiene el deber de pagarla. ¿Y por qué no extender este mismo razonamiento a las plazas, calles, puentes, luminarias y vigilancia policial? 

Pero el profesor Ramos no va tan lejos. Lo que sostuvo en el foro de CNN es que los profesionales obtienen ingresos que les permiten con creces pagar la educación que recibieron y que en cambio hacerlo con cargo a los impuestos resultaría extremadamente injusto ya que inevitablemente dejaría caer una parte de esa carga sobre los hombros de los más pobres. Por lo tanto, en nombre de elementales criterios de justicia Ramos no tiene empacho en calificar como una vergüenza o descaro la demanda levantada por los estudiantes de educación gratuita incluso en el nivel terciario.

Sin embargo, el verdadero descaro en este caso es el de quien debiendo verlo, por su formación y preparación académica, sencillamente no ve, o simula no ver, que tras el modelo educativo vigente se oculta, precisamente, la más indecente desigualdad social. Una asimetría que se sustenta en una muy desigual distribución de la riqueza y que es reproducida de manera obscena y permanente por una muy desigual distribución del ingreso. Esta última se ve luego reforzada y exacerbada al máximo por un sistema tributario profundamente regresivo que grava proporcionalmente más a los pobres que a los ricos.

Con relación a esto último, puesto que Ramos es un economista reputado, no puede ignorar la falsedad del argumento que esgrime cuando señala que un financiamiento solidario de la educación superior obligaría a pagar por ella a los más pobres. El sabe perfectamente que el actual sistema tributario no provee los recursos que serían necesarios para ello y que, por otra parte, tampoco es posible aumentar aún más la ya pesada carga que soportan los sectores populares. En consecuencia, un financiamiento solidario de la educación necesariamente pasa por obligar a los ricos a pagar los impuestos que actualmente no pagan.

Más aún, una reforma tributaria es hoy necesaria no solo para terminar con el paraíso fiscal del que actualmente se benefician los más ricos, y muy particularmente las grandes empresas, y financiar así solidariamente al menos el gasto en educación y en salud, sino también para aliviar la carga tributaria de los más pobres. En efecto, es imprescindible rebajar sustancialmente los impuestos indirectos, especialmente el IVA, liberando incluso de su pago a los bienes de primera necesidad y a otros cuyo consumo importa promover, como es el caso de los libros, y elevar decididamente los impuestos directos.

De este modo se puede y se debe elevar la carga tributaria global, disminuyendo simultáneamente la que pesa sobre la gran mayoría de la población de menores ingresos. Se debe terminar también con la inconmensurable serie de resquicios y triquiñuelas que les permiten a los ricos eludir sus obligaciones tributarias. En el caso de la gran minería, cuyas colosales ganancias salen de Chile en provecho de poderosos intereses imperiales, lo mínimo que corresponde es elevar la tasa de impuesto adicional y establecer un royalty de un 30 o 40% sobre el valor de las ventas.

Y como el profesor Ramos es un economista perpicaz, comprenderá sin dificultad que por esta vía los profesionales que efectivamente logren obtener altas rentas haciendo uso de los conocimientos que finalmente adquirieron en la educación superior, también se verán en la necesidad de aportar, y de manera permanente, una parte de sus ingresos para solventar las necesidades de la sociedad en materia de educación, salud, seguridad social u otras. Pero se tratará de profesionales cuyo paso por la universidad no solo les permitió adquirir conocimientos puramente técnicos sino también formarse como ciudadanos.