INCENTIVOS PERVERSOS BAJO EL CAPITALISMO
El hecho de que numerosas edificaciones de construcción relativamente reciente se encuentren colapsadas a consecuencia del terremoto del 27 de febrero ha puesto de relieve la existencia en este ámbito de graves vacíos legales y de muy serias anomalías tanto en la ejecución de las obras por parte de las empresas constructoras como de las autoridades encargadas de su fiscalización. Algo que de algún modo había sido ya anticipado por situaciones ocurridas en los últimos años como las de viviendas ostensiblemente mal edificadas en diversos lugares del país, la caída del puente sobre el río Loncomilla, los defectos en la loza de la nueva pista del aeropuerto de Pudahuel y otras parecidas.
En medio de la conmoción generada por
las fatales consecuencias humanas de esta situación, que ha dado pie a un
espontáneo juicio de repudio ciudadano por la total falta de ética que ella ha
puesto al descubierto por parte de las empresas, las familias más directamente
afectadas han iniciado acciones legales dirigidas a perseguir las
responsabilidades criminales involucradas en estos casos. Esto a su vez ha dado
origen una serie de maniobras por parte de las empresas, incluido, su
reciclamiento legal bajo una nueva personalidad jurídica, orientadas a eludir
dichas responsabilidades.
Sin embargo, estos son sólo los aspectos
puntuales del problema. Más allá de ellos, lo acontecido representa una
magnífica oportunidad para reflexionar sobre las causas de fondo de la
situación que comentamos. El problema trasciende ampliamente el plano de los
eventuales errores de cálculo en la ejecución o la negligencia administrativa
en la supervisión de las obras. Lo que esta situación pone de relieve en este
caso es la existencia bajo el imperio del sistema económico capitalista de
poderosos incentivos perversos que obstaculizan, ponen en peligro o simplemente
impiden el logro de importantes y anheladas metas sociales, provocando
frustración y desconfianza en la población.
Dichos incentivos perversos, vale decir
motivos para no obrar del modo en que correspondería hacerlo en función de los
valores que usualmente se invocan, no son casuales o contingentes sino la
expresión de un conflicto latente, generalizado y permanente, entre el interés
público y el interés que impulsa y orienta la acción de los agentes económicos
privados. En efecto, en virtud del criterio de racionalidad económica que rige
la actividad económica bajo el capitalismo, que no es otro que la valorización
del capital, este conflicto constituye algo inherente al sistema económico en que
hoy vivimos. Es, por tanto, un conflicto que es gatillado por la necesidad del
empresario de maximizar sus ganancias, pero impedido por la competencia de
traspasar un determinado umbral en los precios de venta de las mercancías que
produce, lo que lo impulsa inexorablemente a disminuir al máximo sus costos de
producción para lograrlo.
Si bien este es un conflicto que no nace
con el capitalismo, y que ya fue puesto agudamente de relieve por los más
lúcidos pensadores de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, o por los
escritos bíblicos y los primeros padres de la Iglesia, como un conflicto entre
el afán de lucro y una conducta virtuosa, encuentra bajo este sistema su
exacerbación máxima. En su distinción entre economía natural y
"crematística", vale decir entre la actividad económica desarrollada
en función de la satisfacción de las necesidades humanas y la actividad
económica que, convirtiendo esos fines en un simple medio de una finalidad
superior, se orienta prioritariamente por el objetivo de adquirir y acumular
riquezas, Aristóteles advertía sobre el carácter insaciable de esta última.
Este conflicto subyacente a la actividad
económica bajo el capitalismo es algo cuyas expresiones trascienden hoy
ampliamente la penosa situación que motiva esta reflexión y que también podemos
observar en muchos otros ámbitos de la vida social: el modo en que se gestiona
el desempeño del sistema educativo y los criterios utilizados para asignar las
subvenciones, los privatizados sistemas de acreditación de la calidad del
mismo, la escasa confiabilidad que hoy brinda a la población la atención de
salud, aprisionada entre la escasez de los recursos y el afán de lucro, la
débil fiscalización de los impactos ambientales, los modos de auditar el estado
financiero de las empresas (acordémonos de las fraudulentas prácticas contables
que se pusieron al descubierto con la quiebra de la Enron en EEUU), etc.
La exacerbada e incontrolada primacía
del interés individual sobre el interés social que se ha impuesto en Chile con
posterioridad al golpe militar de 1973 en nombre de la libertad económica, y
que es el criterio en que en última instancia se funda el sistema económico
capitalista en cualquiera de sus versiones, dando origen a aquella profunda
disociación intelectual y moral de la que hablaba el Premio Nobel de Economía
Gunnar Myrdal, es lo que explica en última instancia lo que acontece no sólo en
el caso puntual que examinamos sino la mayor parte de los males que actualmente
aquejan al mundo en que vivimos.