EL MINISTRO Y LOS MEDIOS SE HACEN LOS LESOS
En efecto, las últimas
declaraciones intentan deslegitimar la movilización estudiantil calificándola
de "ideologizada" debido a que han comenzado a oírse voces clamando por
una reforma tributaria, la renacionalización del cobre y una Asamblea
Constituyente, temas que, según señalan a coro, serían completamente ajenos al
debate sobre los problemas de la educación. Ello estaría poniendo en evidencia
las ocultas "motivaciones políticas" de la protesta.
Además el ministro
Lavín, firmemente atrincherado en una cerrada defensa del actual sistema
educativo del que se ha beneficiado impunemente, y contando para ello con la
cobertura que le brinda la obsecuencia cómplice de la mayor parte de la prensa,
insiste en presentarse a sí mismo como un decidido partidario del diálogo para
destrabar el conflicto y en cargar sobre los dirigentes estudiantiles, e
incluso los rectores, la acusación de intransigencia.
Todos ellos fingen no
entender de qué se trata, qué relación puede haber entre las demandas referidas
a la educación y los temas de carácter más directamente políticos. Incluso
fingen no saber que el reclamo de los estudiantes ya no es, simplemente, por
pesos más o pesos menos en el marco del actual sistema educativo, sino que se
orienta a exigir que el Estado asuma su responsabilidad de proveer una
educación gratuita de amplia cobertura y altos estándares de calidad.
Es para avanzar en esa
dirección que los estudiantes han elaborado un petitorio que se hace claramente
cargo de los principales problemas que actualmente aquejan al sistema de
educación superior, proponiendo soluciones que están realmente a la altura de
los mismos. Como bien saben las autoridades, los ejes de ese petitorio son
tres: el del financiamiento del sistema de educación superior pública, el de la
democratización de ese sistema y el del acceso al mismo.
Y es en ese marco,
ante las infundadas afirmaciones con que se intenta descalificar esas demandas,
sosteniendo que los recursos disponibles no las tornarían viables, es que los
estudiantes han replicado llamando la atención sobre la real existencia de
tales recursos y los mecanismos que permitirían que el Estado los recaude. En
efecto, el verdadero trasfondo del problema no es la falta de recursos sino la
tremenda desigualdad social que prevalece actualmente en Chile.
Si el gobierno insiste
en hacer oídos sordos a las demandas de los estudiantes a pesar de la gran
acogida que ellas encuentran en la mayoría de la población y si, llegado el
momento de discutir los problemas de fondo que se hallan a la base de la actual
crisis de la educación superior, intenta desacreditar hipócritamente las
soluciones propuestas, es porque se sabe acorralado y sin argumentos frente a
las generalizadas muestras de descontento que hoy debe encarar.
Existe, sin embargo,
una solución muy simple y directa, que permite poner a prueba la supuesta
vocación democrática de las autoridades y de toda la llamada "clase
política" frente a este conflicto: dejar que sea el pueblo chileno quien,
mediante una consulta directa, lo dirima. Si, como sostiene el gobierno, sus
posiciones son razonables y las de los estudiantes descabelladas, si las
"mayorías silenciosas" lo respaldan frente a las minorías
"ideologizadas" ¿por qué no remover los obstáculos legales que hoy
existen y apelar directamente al pueblo para resuelva este conflicto?